Nueva Ley de Accesibilidad Europea: cuándo entra en vigor y detalles para su cumplimiento

La accesibilidad se ha convertido en un elemento clave para las empresas, no solo para cumplir con la normativa, sino también para obtener una ventaja competitiva y ser más valiosas para la sociedad. La Directiva Europea (UE) 2019/882 (conocida como European Accessibility Act o EAA) y su trasposición en España a través de la Ley 11/2023 buscan garantizar la inclusión de personas con discapacidad, entre otras cosas a través de una accesibilidad real en todo lo relacionado con productos y servicios esenciales. Y como no podía ser de otra manera, la norma establece plazos de implementación hasta 2025 y 2027, según el sector.

Además, la Ley 11/2023 impone obligaciones específicas a los sectores financiero y asegurador, ya que exige que todos los servicios, tanto digitales como físicos, sean completamente accesibles. Esto incluye la adaptación de páginas web, aplicaciones y documentos para que sean utilizables por personas con diversidad funcional. Además, se requiere específicamente que las comunicaciones, tanto gráficas como digitales, sean igualmente comprensibles y accesibles para todos los usuarios.

En lo referido a las comunicaciones en papel, estas deben ser accesibles mediante formatos alternativos, como braille o letra grande, y utilizar un diseño claro y legible. Para las comunicaciones electrónicas, se deben seguir las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.1, asegurando que sean utilizables por todas las personas, incluidas aquellas con discapacidades.

El incumplimiento de estas obligaciones puede resultar en sanciones que varían desde multas hasta la suspensión de actividades. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, con sanciones que pueden alcanzar hasta un millón de euros.

En resumen, la Ley 11/2023 busca promover la inclusión y la accesibilidad, beneficiando tanto a las personas con discapacidad como a las empresas, al abrir nuevas oportunidades de mercado.

La normativa se centra en áreas clave como:

1. Plataformas digitales: sitios web, aplicaciones móviles y otros servicios en línea.
2. Documentos financieros y aseguradores: accesibles en formatos como braille, PDF etiquetados y letra grande.
3. Terminales interactivos: cajeros automáticos, terminales de pago y dispositivos similares.
4. Tecnologías de comunicación: compatibles con herramientas de asistencia como lectores de pantalla y audífonos.

• 28 de junio de 2025: fecha límite para cumplir con los requisitos generales de accesibilidad establecidos en la directiva.
• 28 de junio de 2027: aplicación obligatoria de requisitos relacionados con la accesibilidad en comunicaciones de emergencia (112) en algunos casos específicos.

1. 1. Plataformas digitales
      Los sitios web y aplicaciones deben cumplir con los principios de perceptibilidad, operabilidad, comprensibilidad y compatibilidad. Estos deben ajustarse al estándar EN 301 549, alineado con las WCAG 2.1 Nivel AA.
   2. Documentos financieros y aseguradores
      Debe garantizarse la disponibilidad de documentos en formatos accesibles y en lenguaje claro. Esto incluye:
      1. Documentos electrónicos compatibles con lectores de pantalla según ISO 14289-1 (PDF/UA).
      2. Requisitos específicos del estándar EN 301 549.
   3. Terminales interactivos
      Los cajeros automáticos y terminales de pago han de contar con:
      1. Interfaz táctil y de voz accesible.
      2. Características físicas ajustadas para personas con movilidad reducida, según ISO 9241-171 y EN 301 549.
   4. Tecnologías de comunicación
      Las soluciones deben incluir texto en tiempo real, sincronización de audio y vídeo, y compatibilidad con herramientas como teletexto y dispositivos de asistencia, de acuerdo con las normas EN 301 549 e ITU-T F.791.

Las entidades financieras y aseguradoras tienen que:

• Auditar y adaptar sus servicios digitales y físicos para cumplir los estándares aplicables.
• Capacitar a su personal en la atención inclusiva y en el uso de tecnologías accesibles.
• Asegurar una evaluación continua del cumplimiento de los requisitos.

El incumplimiento podrá resultar en sanciones administrativas y restricciones operativas, además de afectar la reputación de la organización.