La Ley 1/2025 de Mediación de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, también conocida como Ley de Mediación, establece los Medios Adecuados de Solución de Controversias en vía no jurisdiccional (MASC) y la obligatoriedad de recurrir a ellos en ciertos casos antes de presentar una demanda. Y en este contexto cobran una relevancia especial las comunicaciones fehacientes, como te contamos en este artículo.
La ley indica que será obligatorio intentar un acuerdo prejudicial en disputas relativas a:
- Disputas comerciales.
- Contratos hipotecarios, préstamos y reclamaciones de cláusulas abusivas.
- Conflictos de consumo.
- Litigios de propiedad horizontal y arrendamientos urbanos.
- Y en conflictos laborales colectivos, para intentar evitar huelgas o situaciones más graves.
Es decir, los juzgados no admitirán demandas sobre temas incluidos en las categorías anteriores si antes no se ha iniciado un proceso de mediación, conciliación o negociación a través de un experto neutral.
Qué ocurre con los plazos cuando se notifica el intento de mediación
Y entre los efectos de la apertura de este proceso de acuerdo hay uno muy significativo, el de la interrupción de la prescripción o suspensión de la caducidad de las acciones a partir de que una de las partes notifique la intención de negociar a la otra. En concreto, la fecha de paralización será la del intento de comunicación a la otra parte en el domicilio personal o lugar de trabajo, o a través del medio de comunicación electrónico empleado con anterioridad.
Cómo acreditar el intento de mediación con comunicaciones fehacientes certificadas
Las comunicaciones fehacientes son aquellas que acreditan jurídicamente el envío, el contenido y la recepción de un mensaje, con plena validez probatoria ante los juzgados. En el contexto de la Ley 1/2025, son el mecanismo que permite demostrar que se intentó la mediación por un medio que deja constancia. Es en este punto en el que las comunicaciones legales desempeñan un papel fundamental por su capacidad de certificar el contenido, el envío y su recepción, las identidades del remitente y el destinatario, los sellos de tiempo, la apertura de enlaces, entre otras funcionalidades ligadas directamente a su fehaciencia legal.
Su valor probatorio es una garantía y resultará fundamental para que, en este caso, la parte que intente iniciar una mediación pueda acreditarlo, al amparo de una ley que obliga a negociar antes de demandar. Los juzgados admitirán, a este respecto, comunicaciones postales, por SMS, email, WhatsApp o burofax online, siempre que cumplan con los requisitos necesarios.
Del MASC a la demanda: plazos y requisitos tras el intento de mediación
La interrupción de acciones que provoca la notificación de intento de mediación se prolongará hasta la fecha de firma del acuerdo o la finalización del proceso sin él. Y en este caso, la demanda se podrá presentar en el plazo de un año desde el final de la negociación sin éxito. Este periodo, un año, es también el establecido para los casos en los que la notificación de intento de conciliación no tenga respuesta. De nuevo, la certificación de las comunicaciones puede resultar fundamental.
Los juzgados admitirán la demanda si cuentan con un certificado que acredite el intento previo de acuerdo, que lo emitirá el profesional o la institución que haya concluido el proceso. Si este requisito no se cumple, la demanda podría inadmitirse. Y si una de las partes se niega, de forma injustificada, a someterse a la mediación y más tarde pierde el litigio, se arriesga al pago completo de costas, incluidas las de la mediación.
Sectores y departamentos obligados por la Ley 1/2025 de Mediación
Esta Ley tiene un impacto significativo en varios sectores y departamentos de empresas. Aquí dejamos algunos ejemplos:
- Departamentos Legales y/o Despachos de Abogados: Las empresas deberán adaptar sus procedimientos legales para incluir mecanismos de mediación y resolución alternativa de conflictos (MASC) antes de acudir a la vía judicial.
- Departamentos Finanzas y/o recobros: Las reclamaciones por impago no pueden derivar directamente en la interposición de una demanda, sino que se exige que se haya intentado alcanzar un acuerdo de forma previa y además poder acreditarlo documentalmente.
- Servicers inmobiliarios: En litigios con la propiedad horizontal, se encuentran afectados por alcanzar un acuerdo previo antes de acudir a la vía judicial.
- Recursos Humanos: Este departamento tendrá que gestionar y mediar en conflictos laborales internos utilizando los nuevos mecanismos de mediación establecidos por la ley.
Por tanto, un aspecto importante para tener en cuenta es que la implementación de procesos de mediación puede implicar ajustes en los presupuestos: mayor numero de recursos en el área legal o en el departamento financiero, derivados de la obligatoriedad de alcanzar acuerdos previos.
Teniendo en cuenta el potencial gasto al que se pueden enfrentar las empresas, la evidencia documental de haber intentado solventar el conflicto de forma alternativa será determinante empleando para ello, soluciones que aporten fehaciencia de este hecho y garantía jurídicas por cualquier medio como pudiera ser: burofax, email certificado e incluso WhatsApp.
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Para empresas con alto volumen de reclamaciones, el email certificado o el SMS certificado ofrecen las mismas garantías de fehaciencia que el burofax, con mayor agilidad operativa. MailComms Group, como QTSP cualificado bajo eIDAS, puede asesorarte sobre la solución más adecuada según el tipo de disputa y el canal habitual de comunicación con tu contraparte.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el MASC y qué obliga a hacer la Ley 1/2025?
Los MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias) son los mecanismos de resolución de conflictos fuera del proceso judicial: mediación, conciliación, negociación con experto neutral, etc. La Ley 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, en vigor desde el 3 de abril de 2025, establece que en determinadas materias es obligatorio intentar un MASC antes de presentar una demanda. Los juzgados no admitirán la demanda si no se acredita ese intento previo.
¿En qué materias es obligatorio el MASC antes de demandar?
La Ley 1/2025 hace obligatorio el intento previo de MASC en: disputas comerciales entre empresas, conflictos sobre contratos hipotecarios, préstamos y cláusulas abusivas, conflictos de consumo, litigios de propiedad horizontal y arrendamientos urbanos, y conflictos laborales colectivos para evitar huelgas. El juzgado rechazará la admisión de la demanda si no se acredita el intento de solución alternativa en estas materias.
¿Cómo se acredita el intento de mediación ante el juzgado?
La acreditación del intento puede realizarse mediante un certificado emitido por el profesional o la institución que haya concluido el proceso de mediación. El elemento crítico es la notificación fehaciente a la contraparte de la intención de negociar, ya que es desde ese momento cuando se interrumpe la prescripción. Esta notificación puede realizarse por correo postal certificado (burofax), email certificado, SMS certificado o WhatsApp certificado, siempre que el medio deje constancia del envío, el contenido y la recepción.
¿Qué ocurre con los plazos de prescripción durante el proceso de mediación?
Desde el momento en que una parte notifica fehacientemente a la otra su intención de iniciar un MASC, se interrumpe la prescripción o se suspende la caducidad de las acciones. Esta paralización se mantiene hasta la fecha de firma del acuerdo o la finalización del proceso sin acuerdo. Si el proceso termina sin acuerdo, la demanda puede presentarse en el plazo de un año desde la finalización de la negociación. El mismo plazo de un año aplica cuando la notificación no tiene respuesta.
¿Qué sectores están más afectados por la obligación de MASC de la Ley 1/2025?
Los más afectados son los departamentos legales y despachos de abogados (deben incorporar el MASC en sus procedimientos), los departamentos de finanzas y recobro (las reclamaciones por impago requieren intento de acuerdo previo documentado), los servicers y agencias inmobiliarias (litigios de propiedad horizontal y arrendamientos), y los departamentos de RRHH (conflictos laborales colectivos). Todos ellos necesitan acreditar documentalmente el intento, lo que hace imprescindible el uso de comunicaciones fehacientes certificadas.
