El próximo 3 de abril entrará en vigor la Ley 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, también conocida como Ley de Mediación, lo que nos da una idea de cuál es su medida más relevante: esta ley establece los Medios Adecuados de Solución de Controversias en vía no jurisdiccional (MASC) y la obligatoriedad de recurrir a ellos en ciertos casos antes de presentar una demanda. Y en este contexto cobran una relevancia especial las comunicaciones fehacientes, como te contamos en este artículo.
La ley indica que será obligatorio intentar un acuerdo prejudicial en disputas relativas a:
- Disputas comerciales.
- Contratos hipotecarios, préstamos y reclamaciones de cláusulas abusivas.
- Conflictos de consumo.
- Litigios de propiedad horizontal y arrendamientos urbanos.
- Y en conflictos laborales colectivos, para intentar evitar huelgas o situaciones más graves.
Es decir, los juzgados no admitirán demandas sobre temas incluidos en las categorías anteriores si antes no se ha iniciado un proceso de mediación, conciliación o negociación a través de un experto neutral.
Suspensión de la caducidad de las acciones
Y entre los efectos de la apertura de este proceso de acuerdo hay uno muy significativo, el de la interrupción de la prescripción o suspensión de la caducidad de las acciones a partir de que una de las partes notifique la intención de negociar a la otra. En concreto, la fecha de paralización será la del intento de comunicación a la otra parte en el domicilio personal o lugar de trabajo, o a través del medio de comunicación electrónico empleado con anterioridad.
El papel de las comunicaciones legales
Es en este punto en el que las comunicaciones legales desempeñan un papel fundamental por su capacidad de certificar el contenido, el envío y su recepción, las identidades del remitente y el destinatario, los sellos de tiempo, la apertura de enlaces, entre otras funcionalidades ligadas directamente a su fehaciencia legal.
Su valor probatorio es una garantía y resultará fundamental para que, en este caso, la parte que intente iniciar una mediación pueda acreditarlo, al amparo de una ley que obliga a negociar antes de demandar. Los juzgados admitirán, a este respecto, comunicaciones postales, por SMS, email, WhatsApp o burofax, siempre que cumplan con los requisitos necesarios.
Pasos hacia la demanda
La interrupción de acciones que provoca la notificación de intento de mediación se prolongará hasta la fecha de firma del acuerdo o la finalización del proceso sin él. Y en este caso, la demanda se podrá presentar en el plazo de un año desde el final de la negociación sin éxito. Este periodo, un año, es también el establecido para los casos en los que la notificación de intento de conciliación no tenga respuesta. De nuevo, la certificación de las comunicaciones puede resultar fundamental.
Los juzgados admitirán la demanda si cuentan con un certificado que acredite el intento previo de acuerdo, que lo emitirá el profesional o la institución que haya concluido el proceso. Si este requisito no se cumple, la demanda podría inadmitirse. Y si una de las partes se niega, de forma injustificada, a someterse a la mediación y más tarde pierde el litigio, se arriesga al pago completo de costas, incluidas las de la mediación.
Sectores a los que puede afectar
Esta Ley tiene un impacto significativo en varios sectores y departamentos de empresas. Aquí dejamos algunos ejemplos:
Departamentos Legales y/o Despachos de Abogados: Las empresas deberán adaptar sus procedimientos legales para incluir mecanismos de mediación y resolución alternativa de conflictos (MASC) antes de acudir a la vía judicial.
Departamentos Finanzas y/o recobros: Las reclamaciones por impago no pueden derivar directamente en la interposición de una demanda, sino que se exige que se haya intentado alcanzar un acuerdo de forma previa y además poder acreditarlo documentalmente.
Servicers inmobiliarios: En litigios con la propiedad horizontal, se encuentra afectados por alcanzar un acuerdo previo antes de acudir a la vija judicial.
Recursos Humanos: Este departamento tendrá que gestionar y mediar en conflictos laborales internos utilizando los nuevos mecanismos de mediación establecidos por la ley.
Por tanto, un aspecto importante para tener en cuenta es que la implementación de procesos de mediación puede implicar ajustes en los presupuestos: mayor numero de recursos en el área legal o en el departamento financiero, derivados de la obligatoriedad de alcanzar acuerdos previos.
Teniendo en cuenta el potencial gasto al que se pueden enfrentar las empresas, la evidencia documental de haber intentado solventar el conflicto de forma alternativa será determinante empleando para ello, soluciones que aporten fehaciencia de este hecho y garantía jurídicas por cualquier medio como pudiera ser: burofax, email certificado e incluso WhatsApp.
