Firmas electrónicas en la Unión Europea
Este trabajo es una colaboración entre Lorna Brazell del despacho jurídico Osborne Clarke LLP y eSignLive de VASCO. En la primera parte, Osborne Clarke proporciona una opinión sobre la validez jurídica de la firma electrónica en la Unión Europea. La segunda parte ha sido preparada por eSignLive y resume las recomendaciones de mejores prácticas para el cumplimiento legal al implementar las firmas electrónicas.
El 1 de julio de 2016 entrará en vigor en el conjunto de la Unión Europea («UE») el Reglamento de 2014 sobre la identificación electrónica y los servicios fiduciarios para las transacciones electrónicas en el mercado interior (“eIDAS”), que sustituye a la Directiva de 1999 sobre firmas electrónicas («la Directiva» ). Aunque la Directiva no había sido objeto de ninguna controversia en sus 16 años de historia, tampoco había sido un éxito. Su objetivo, que permitía el uso generalizado de las firmas electrónicas para llevar a cabo actividades transfronterizas dentro de la UE, no se cumplió.
Hay tres razones principales para esto:
- La mayoría de las legislaciones de los Estados miembros de la UE no especifican ninguna forma de firma para contratos comerciales distintos de las garantías o contratos de adjudicación de bienes inmuebles.
- Muchas personas creen erróneamente que la Directiva ordena el uso de firmas electrónicas avanzadas apoyadas por un certificado cualificado, es decir las firmas electrónicas cualificadas, para que una firma electrónica sea legalmente efectiva. De hecho, la Directiva dice lo contrario: los tribunales pueden aceptar cualquier forma de firma electrónica que tenga efectos jurídicos. La distinción es que en el caso de una firma electrónica cualificada, el tribunal no tiene otra opción que aceptarla. Sin embargo, el costo y la carga administrativa de implementar la tecnología requerida para firmas electrónicas cualificadas ha superado los beneficios potenciales por su dificultad de utilización.
- La divergencia existente entre los Estados miembros en cuanto al régimen regulador con el que deben cumplir los proveedores de la firma o de la certificación. Como resultado, las firmas producidas con servicios de certificación aprobados en un Estado miembro corren el riesgo de no ser reconocidas como conformes en otro.
Dado que los mecanismos de la Directiva han sido tan poco utilizados, no es de extrañar que no exista una jurisprudencia europea que ofrezca orientación sobre cómo debe interpretarse.
Las deficiencias de la Directiva no han frenado el desarrollo del comercio transfronterizo en la UE. En 2015, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea («CJEU») dictaminó que los términos de un acuerdo B2B » click-wrap » pueden ser jurídicamente vinculantes incluso si el usuario no ha leído los términos del acuerdo. En ese caso El Madjoub, un concesionario de automóviles, intentó hacer valer un contrato on line para la compra de un coche usado, a través de una denuncia en un tribunal alemán local, pero perdió porque había hecho clic para indicar su aceptación de términos que no había leído. Esos términos incluyeron la sumisión a la jurisdicción de los tribunales belgas. El TJUE consideró que estaba obligado por los términos a pesar de no haberlos leído, porque había tenido la oportunidad de leerlos y hacer clic en su acuerdo. Por consiguiente, la forma más simple de firma electrónica imaginable -utilizando un cursor para hacer clic en un botón- puede tener efecto legal y la mayoría de las transacciones B2B o B2C pueden ser completadas sin firmas equivalentes a una firma manuscrita, siempre y cuando haya pruebas satisfactorias, de una forma u otra, para probar que cada parte había aceptado su compromiso.
Sin embargo, la Comisión Europea llegó a la conclusión de que la falta de armonización entre los Estados miembros sigue representando un posible obstáculo para el mercado interior. Por consiguiente, al introducir el Reglamento eIDAS y no dejar a los Estados miembros ninguna posibilidad para su aplicación o interpretación, esperan conseguir que los documentos firmados electrónicamente ahora se acepten en cada uno de los 28 Estados miembros de la UE, independientemente de los enfoques jurídicos o reglamentarios nacionales.